jueves, 7 de septiembre de 2017

El Confidente


El separatismo materializa su desafío

Una vez más, toca escribir sobre el pesado monotema del “derecho a decidir”. Es decir, un derecho que según se recoge en la Constitución de 1978 (votada con un 92% en Cataluña), es un derecho que solo puede ejercitarse conjuntamente por todos los españoles a un mismo tiempo y por tanto, no se puede ejercer únicamente por una parte de ese todo.

Todo empezó con Jordi Pujol, el que decía que todo lo hacía por Cataluña, hasta que hemos visto, como lo que en realidad hacía era llenar sus bolsillos familiares de una forma monstruosa; una fortuna por cierto, que aún no ha explicado de donde ha salido. Pujol se desgañitaba pregonando que había que aumentar el bienestar de los catalanes, pero en realidad lo único que aumentó fue su fortuna personal y familiar. Y en este sentido y aunque según dicen, la justicia por orden de Felipe González, archivó injustamente el caso, el saqueo de Banca Catalana fue una estampa muy ilustrativa de cuanto estaba aconteciendo. Lo del 3% no fue más que un suma y sigue.

Al intuir Pujol que iba a perder las elecciones, cedió su puesto de patriarca catalán a Artur Mas, quien curiosamente y también como él, está salpicado por mantener una cuenta opaca en paraíso fiscal. Lo más curioso es que en ambos casos, los dos patriarcas han sostenido que ese dinero “guardado” en un paraíso fiscal, era una herencia paterna, lo cual aparte de ser una gran casualidad, no parece ser creíble ni por sus propios defensores, que dicen sentirse decepcionados.

La CUP es quien ostenta la vara de mando en la Generalitat desde que Mas perdió las elecciones. Pasado el tiempo, la CUP decidió apartar a Mas; por lo visto no era lo suficientemente radical. Su sucesor, Carles Puigdemont, que creo también tiene algunos problemas con la justicia desde que era alcalde de Girona, aceptó ser el sucesor en la línea patriarcal.

Puigdemont ha sido de los tres, el que en las reivindicaciones separatistas, ha ido de las palabras a los hechos, es decir, el que ha pasado de la reivindicación verbal de independencia, a golpear la ley vigente. Ayer la presidenta del Parlament ejerció claramente a modo de comisaria política de los separatistas, convirtiendo una sesión parlamentaria en una farsa chapucera, propia de un Parlamento de Pepe Gotera y Otilio, con el único objeto de poder aprobar una ley de separación con España.

Ni que decir tiene, que todo este proyecto separatista se basa en una gran mentira. Creo que fue Orwell quien escribió: “En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario”. Seguramente se trata de un pensamiento acertado; personalmente, creo que algunos mentirosos llegan a ser tan expertos mintiendo, que llegan a engañarse a sí mismos. Es la triste suerte del mentiroso compulsivo.

En la consulta del 9-N el Gobierno de la nación, para mí responsable de mucho de lo que ahora está ocurriendo, no hizo absolutamente nada por impedir que se realizara una consulta ilegal, mientras la policía de los Mossos de Esquadra, que habían jurado o prometido la Constitución y tiene la obligación de hacer cumplir la ley, asistía de brazos cruzados en la puerta de los locales, permitiendo tranquilamente que se consumase en el local una ilegalidad conocida, hasta el punto que me dio la impresión, de que estaban allí para proteger a quienes organizaban la consulta.

El Gobierno de Mariano Rajoy tiene ahora la pelota en el tejado y de nada sirve que comuniquen televisivamente, que serán implacables y contundentes con los diputados presuntamente delincuentes. Los comunicados no sirven de nada y los delincuentes separatistas se los pasan por allí.
Es necesario mantener la ilusión, pero no debemos ser ilusos. Por tanto, lo que hace falta son hechos; restablecer el orden quebrado y que el peso de la justicia caiga enteramente sobre quienes hayan cometido un delito, cual puede ocurrir con cualquier ciudadano. Tampoco puede olvidar estudiar la manera de recomponer la cohesión social en Cataluña. 
A modo de ejemplo diré, que hace unos años Esquerra Republicana promovió una campaña contra el pago de las autopistas: bajo el lema “No vull pagar” hubo bastantes militantes que usaban las autopistas y no pagaban. Lo que no cuentan desde ERC, es cómo acabó todo esto: la autopista tiene una cámara que graba la matrícula del vehículo que no paga, con este dato, Trànsit, reclamó los importes a los morosos vía ejecutiva con la sanción correspondiente por cada impago. Resultado, campaña cerrada.

Si el marianismo sigue con su línea de lavarse las manos ante estos problemas tan graves, el Partido Popular ya puede ir buscando a otro candidato para las próximas elecciones. 

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