jueves, 7 de septiembre de 2017
El Confidente
El separatismo materializa
su desafío
Una
vez más, toca escribir sobre el pesado monotema del “derecho a decidir”. Es
decir, un derecho que según se recoge en la Constitución de 1978 (votada con un
92% en Cataluña), es un derecho que solo puede ejercitarse conjuntamente por
todos los españoles a un mismo tiempo y por tanto, no se puede ejercer únicamente
por una parte de ese todo.
Todo
empezó con Jordi Pujol, el que decía que todo lo hacía por Cataluña, hasta que
hemos visto, como lo que en realidad hacía era llenar sus bolsillos familiares
de una forma monstruosa; una fortuna por cierto, que aún no ha explicado de
donde ha salido. Pujol se desgañitaba pregonando que había que aumentar el
bienestar de los catalanes, pero en realidad lo único que aumentó fue su
fortuna personal y familiar. Y en este sentido y aunque según dicen, la justicia por orden
de Felipe González, archivó injustamente el caso, el saqueo de Banca
Catalana fue una estampa muy ilustrativa de cuanto estaba aconteciendo. Lo del
3% no fue más que un suma y sigue.
Al
intuir Pujol que iba a perder las elecciones, cedió su puesto de patriarca
catalán a Artur Mas, quien curiosamente y también como él, está salpicado por mantener una
cuenta opaca en paraíso fiscal. Lo más curioso es que en ambos casos, los dos
patriarcas han sostenido que ese dinero “guardado” en un paraíso fiscal, era una
herencia paterna, lo cual aparte de ser una gran casualidad, no parece ser
creíble ni por sus propios defensores, que dicen sentirse decepcionados.
La
CUP es quien ostenta la vara de mando en la Generalitat desde que Mas perdió
las elecciones. Pasado el tiempo, la CUP decidió apartar a Mas; por lo visto no era lo suficientemente radical. Su sucesor, Carles
Puigdemont, que creo también tiene algunos problemas con la justicia desde que
era alcalde de Girona, aceptó ser el sucesor en la línea patriarcal.
Puigdemont
ha sido de los tres, el que en las reivindicaciones separatistas, ha ido de las
palabras a los hechos, es decir, el que ha pasado de la reivindicación verbal de independencia, a golpear la ley vigente. Ayer la presidenta del Parlament
ejerció claramente a modo de comisaria política de los separatistas,
convirtiendo una sesión parlamentaria en una farsa chapucera, propia de un Parlamento
de Pepe Gotera y Otilio, con
el único objeto de poder aprobar una ley de separación con España.
Ni
que decir tiene, que todo este proyecto separatista se basa en una gran
mentira. Creo que fue Orwell quien
escribió: “En tiempos de engaño
universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario”.
Seguramente se trata de un pensamiento acertado; personalmente, creo que
algunos mentirosos llegan a ser tan expertos mintiendo, que llegan a engañarse
a sí mismos. Es la triste suerte del mentiroso compulsivo.
En
la consulta del 9-N el Gobierno de la nación, para mí responsable de mucho de lo
que ahora está ocurriendo, no hizo absolutamente nada por impedir que se
realizara una consulta ilegal, mientras la policía de los Mossos de Esquadra,
que habían jurado o prometido la Constitución y tiene la obligación de hacer
cumplir la ley, asistía de brazos cruzados en la puerta de los locales,
permitiendo tranquilamente que se consumase en el local una ilegalidad
conocida, hasta el punto que me dio la impresión, de que estaban allí para
proteger a quienes organizaban la consulta.
El
Gobierno de Mariano Rajoy tiene ahora la pelota en el tejado y de nada sirve
que comuniquen televisivamente, que serán implacables y contundentes con los diputados presuntamente delincuentes. Los comunicados no sirven de nada y los delincuentes
separatistas se los pasan por allí.
Es
necesario mantener la ilusión, pero no debemos ser ilusos. Por tanto, lo que
hace falta son hechos; restablecer el orden quebrado y que el peso de la
justicia caiga enteramente sobre quienes hayan cometido un delito, cual puede
ocurrir con cualquier ciudadano. Tampoco puede olvidar estudiar la manera de
recomponer la cohesión social en Cataluña.
A
modo de ejemplo diré, que hace unos años Esquerra Republicana promovió una
campaña contra el pago de las autopistas: bajo el lema “No vull pagar” hubo bastantes militantes que usaban las autopistas
y no pagaban. Lo que no cuentan desde ERC, es cómo acabó todo esto: la autopista
tiene una cámara que graba la matrícula del vehículo que no paga, con este dato,
Trànsit, reclamó los importes a los morosos vía ejecutiva con la sanción
correspondiente por cada impago. Resultado, campaña cerrada.
Si
el marianismo sigue con su línea de lavarse las manos ante estos problemas tan
graves, el Partido Popular ya puede ir buscando a otro candidato para las
próximas elecciones.
Etiquetas: separtmatfesaf
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