martes, 11 de julio de 2017

El Confidente


¿A quién interesa mantener la dependencia del poder judicial?

Fue Alfonso Guerra, quien en 1985 proclamó que el espíritu de Montesquieu había muerto. Este pregonero ejerció de enterrador de una forma altisonante, al haber aprobado el PSOE en el Congreso de los Diputados y al amparo de su mayoría absoluta, una vergonzante reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es cierto que otros gobiernos posteriores han intentado resucitar al cadáver, pero ni unos ni otros lo han hecho.  Y entre los unos y los otros, han conducido al sistema judicial español hasta límites insospechados.

Alguien sentenció algo así como que el mayor proceso de privatización que se había dado en nuestro país durante los últimos años, ha sido ni más ni menos, que la apropiación por parte de los partidos políticos, de la práctica totalidad de las instituciones del Estado. Y si estadísticamente hablando, la corrupción es el primer problema o uno de los mayores problemas que decimos padecer los ciudadanos españoles, también es verdad que si la Justicia funcionara de una forma autónoma e independiente, nos ahorraríamos un porcentaje elevadísimo de corruptelas.
El precario estado en que se encuentra nuestro sistema judicial, mientras este Gobierno (y los anteriores) se empeña en proclamar que la Justicia funciona, sin añadir luego el “cómo funciona”, es un claro síntoma de que la Justicia, al igual que otras instituciones del Estado, está sometida a una apropiación indebida por parte de los partidos políticos que gobiernan, lo cual transparenta el precario estado de salud en que se encuentra nuestra democracia.

Y llegados a este punto, resulta que llevan unos cuantos años proponiendo una regeneración democrática que no explican, que no concretan y lo que es peor, que no afrontan. La regeneración si es que algún día la hay, debe empezar por ellos mismos, debe comenzar con que ellos interioricen el sentido real del concepto democracia, porque ello lleva aparejado automáticamente, medidas concretas y tangibles, que permitirían funcionar a las instituciones de una forma autónoma y sin más dirección que la ley. En el caso de la Justicia, permitiría eliminar la dependencia del poder político.

Indefectiblemente, en cada campaña electoral oímos el mismo soniquete: “Regeneración democrática”, pero en demasiadas legislaturas lo hemos oído ya, tanto que lo venimos tomando como un brindis al sol. Sistemáticamente vemos, como en vez de acometer la despolitización del sistema judicial, asistimos a una sucesión de legislaturas, con el espectáculo que supone, ver como los partidos mayoritarios se reparten los sillones del Tribunal Constitucional, nombran al Fiscal General del Estado, o la forma en que se acometen los nombramientos en el Consejo de Poder Judicial. Por todo, más que órganos en el estricto sentido de Justicia, son vistos como órganos de control político.

La separación de poderes ideada por Montesquieu impone que el sistema Judicial no esté controlado por el sistema Ejecutivo o Legislativo. Alfonso Guerra como portavoz del PSOE, proclamó la muerte de la separación de poderes. Nada tiene pues de extraño que tiempo después, Guerra tuviera que dimitir precisamente, al descubrirse que su hermano Juan Guerra, regentaba en Sevilla, un despacho oficial de tráfico de influencias. Enterrar la separación de poderes trajo malas consecuencias para los hermanos Guerra, para los españoles también.
En todo caso, parece que nuestros políticos se sienten cómodos manteniendo enterrada la separación de poderes, si no fuera así ya la habrían resucitado, pues ha pasado mucho tiempo desde 1985.


El World Economic Forum, coloca a nuestro país por debajo de Tailandia y Zambia, en cuanto a independencia del poder judicial y mientras nuestros políticos hacen como que no se enteran.

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