miércoles, 28 de junio de 2017

El Confidente


Seguimos teniendo oligopolios

Una característica de la dictadura franquista, fue que los grupos políticos en la clandestinidad y que después han gobernado el país, aseguraban a los españoles, que la venida de la democracia eliminaría irremisiblemente los oligopolios empresariales, llegaría por tanto la libre competencia o lo que es lo mismo, un descenso en los arbitrarios y abusivos precios energéticos, en beneficio de los consumidores.
Han pasado formalmente 40 años desde el momento cero de inicio democrático y vemos con estupor, como los oligopolios energéticos, que si bien a partir de ese momento se vieron fragmentados en grupos más pequeños que fomentaban la competencia, se han ido reagrupando después en virtud de la exigencia que supone la “economía de mercado”, recogida tanto por la Constitución española como por el Tratado de Maastricht.

Hoy día, los oligopolios energéticos siguen existiendo en aras a la libertad de mercado; solo hace falta ver como las empresas gasistas y eléctricas no tienen competencia, pero lo más preocupante de todo, es que ello deriva en una especie de acaparamiento de poder económico.
La prueba de cuanto digo: los consumidores debemos al oligopolio eléctrico 23.000 millones de euros. Pero es que además debemos 2.470 millones a la empresa gasista.
El oligopolio eléctrico exigió hace unos años, poder repercutir a sus clientes la cantidad de 29.000 millones de euros bajo la justificación de que tenía un “déficit tarifario”, es decir que los costes de producción superaban con creces el elevado recibo que nos cobraban.
El oligopolio gasista explica que la mitad de su déficit tarifario, proviene de la cancelación de su fracasado almacén submarino Castor.

Lo cierto es que no hemos visto publicados informes de auditorías independientes, donde se corroboren estos citados déficits tarifarios. No seamos ingenuos; es difícil de imaginar, que estos dos oligopolios aceptaran perder dinero año, tras año. En este caso solo cabe pensar que los gobiernos de turno les obligaron a facturar la venta de su energía a pérdidas. No parece que esto pueda suceder en un país de la Unión Europea, donde está prohibido el intervencionismo gubernamental sobre las empresas.
También hemos visto como año tras años, los dos oligopolios han publicado sus exitosas cuentas de resultados, exhibiendo quizás obscenamente, una cuenta de resultado enorme. Preguntados por ese extremo, los oligopolios han explicado lo inexplicable: dicen poner en el balance las deudas de los usuarios como beneficio. Contablemente puede que sea correcto, pero en el momento de presentar sus abultados beneficios anuales, debería haber sido siempre con el condicional que supone la deuda de los usuarios, lo contrario me parece una falsedad. Es una conjetura que me hace dudar sobre la veracidad de los llamados déficits tarifarios.

La prueba de que todo ello, que no es asunto baladí, es que solo en el presente año, los españoles vamos a pagar 3.000 millones de euros, añadidos a nuestros recibos de luz y gas, en base a la deuda tarifaria.   

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