martes, 13 de diciembre de 2016

El Confidente


El ejemplo de los escándalos de corrupción en Brasil

En el mes de agosto, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, fue suspendida en su cargo debido a acusaciones de haber manipulado el presupuesto federal, con la finalidad de esconder problemas económicos, pudo parecer a ojos de países que no seguimos de cerca la marcha de Brasil, que traslucía un problema político puntual, cuando en realidad, la lucha encarnizada entre el partido del Gobierno y la oposición, llevaba en el país más de un año de recorrido público.  

La corrupción (parece que generalizada) entre la clase política que accede al poder, es el arma arrojadiza que usan unos contra otros; es el arma política preferida, o que usa por costumbre la oposición para atacar al poder.
Una situación que conocemos sobradamente en España, donde desde hace más de treinta años soportamos una corrupción ventajista hasta hace poco “permitida”.

El primer intento de ataque que hubo sobre Rousseff siendo presidenta, fue relacionarla con corrupciones afectas a la empresa paraestatal petrolera, Petrobras. Cuando este intento fracasó por falta de pruebas (quizás todo era una fabulación), se inició otra vía contra ella: manipular el presupuesto federal. Seguramente aquí, lo verdaderamente importante de la maniobra no era la manipulación presupuestaria (si es que la hubo) sino que el Congreso Nacional de Brasil, situado en Brasilia y órgano encargado de ejercer el poder legislativo a nivel federal, reuniera los votos necesarios para suspender a la presidenta de su cargo.
Michel Temer, quien encabezó la destitución de su predecesora, fue elegido seguidamente presidente de Brasil, pero ahora es la oposición quien lanza contra él sospechas de corrupción, relacionadas algunas con Petrobras. El último asunto lo ha aventado un miembro de su propio gabinete; grabó una conversación donde por lo visto, Temer le presiona para ayudar a un aliado en un negocio inmobiliario.

El partido de Rousseff asegura ahora, que sus rivales políticos la destituyeron con un solo objetivo: boicotear la investigación sobre corrupción a gran escala en la empresa Petrobras. Exhiben unas grabaciones de ministros que están en el actual Gobierno de Temer, donde llegan a la conclusión, de que expulsar a la presidenta de su cargo, obstaculizaría en gran manera la  investigación de los fiscales; es más, aseveran que esta es la única razón de peso para destituir a Rousseff.
Pero este cálculo parece haber fallado, puesto que la presidenta ya no está en su cargo, pero la investigación inesperadamente sigue avanzando. Esto no era lo esperado.
Ahora la clase política brasileña está preocupada porque la fiscalía ha llamado a declarar a un constructor relacionado con Petrobas, que actualmente está cumpliendo condena de 19 años en prisión; parece ser que el constructor “sabe demasiado” y podría revelar un entramado de sobornos que involucra a cantidad de legisladores federales, además de otros dirigentes políticos.

El nerviosismo que aflora en el Congreso de Brasilia, deriva de la investigación judicial sobre la corrupción que está llevando a cabo el estamento judicial del país.
La semana pasada, los legisladores del Congreso iniciaron una sesión hasta las cuatro de la madrugada, con un único punto en el orden del día: intentar derogar la autoridad que tienen fiscales y jueces para poder investigar a políticos involucrados en casos de corrupción.

El actual presidente Temer podría verse ahora, envuelto en un proceso de destitución como el que inició él contra Rousseff.

No hace tantos años, Brasil estaba entre los pocos países que tenían una economía boyante y a los que se llamaba países de “economía emergente”. Ahora Brasil se enfrenta a su peor crisis económica y política durante décadas. La semana pasada, los datos oficiales decían que la economía se había contraído un 2,9 por ciento en el tercer trimestre, comparado con el mismo período del año anterior.

La inestabilidad de todo tipo que destila la corrupción política, puede acabar amplificando una cierta crisis económica. Parece que la única salida viable para Brasil como país, esté en mantener activo un sistema judicial que siga investigando y persiguiendo la corrupción.

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