viernes, 2 de diciembre de 2016

El Confidente


Cuando unos hechos delatan las intenciones iniciales 

De unos años a esta parte, en nuestro país se viene poniendo en evidencia, un gran descontento ciudadano con el sistema político, o para ser más exactos, con la clase política.
El estallido de asuntos probadamente imbricados con la corrupción en unos casos y en otros en fase de “presunta relación” con la corrupción, han puesto de manifiesto como la dinámica corruptelar ha sido desde el minuto uno, no una singularidad o un accidente del sistema, sino que posiblemente formara parte del sistema.

Hemos visto como desde los años 90 hasta hoy, el estamento judicial ha ido sentando a algunos “presuntos delincuentes corruptos” en el banquillo de los acusados, después de lo cual, alguno de ellos ha sido condenado. Pero la Justicia siempre actúa con ellos, con la máxima cautela y con la mayor de las prudencias, casi con guante de seda.
Caso muy distinto es la vara de medir que se emplea con la presunta delincuencia llamada “común”. En estos casos no tienen duda ninguna: cuando la policía apresa  a un presunto delincuente que trafica con droga, pongamos por caso, se le detiene y la Justicia le trata con toda la contundencia posible. Y legalmente este detenido al que hay que otorgarle en todo momento la “presunción de inocencia”, hasta que no sea juzgado y se dicte sentencia firme contra él, la realidad es que se le considera un “presunto delincuente” y se le encarcela sin más contemplaciones.

En cambio cuando la Justicia se topa con algunos personajes que provienen del ámbito de la política, considerados según los informes policiales, como “presuntos delincuentes”, vemos como se sigue adoptando la máxima cautela y la mayor de las prudencias; pongamos por caso a Jordi Pujol, que después de todo lo que se sabe sobres sus hechos, continúa tan libre como un pajarillo del bosque.
Es innegable que en la práctica no percibimos aquél precepto constitucional, según el cual, todos somos iguales ante la ley y más bien parece, que estén empeñados en demostrarnos lo contrario.

Resulta innegable que nuestro sistema político representativo, ha venido funcionando con una falta evidente de mecanismos de control sobre los deslices de la clase política.
Llegados a este punto, muchos nos preguntamos sin ningún complejo, si esta falta de control era casual e involuntaria, o si por el contrario fue un olvido calculado.

La pérdida de confianza ciudadana hacia la clase política y por tanto en sus instituciones, alcanza también a muchos medios de información, a los cuales y debido a sus compromisos (ya sea en forma de anuncios oficiales o subvenciones), no les resulta fácil, ofrecer a sus lectores informaciones independientes e incluso libres. Podemos ilustrarlo con un ejemplo suficientemente conocido: Richard Nixon no hubiera tenido que dimitir por sus abusos de poder como presidente de EEUU, si el Washington Post no hubiera publicado reiteradamente, todo lo que iba conociendo sobre el escándalo Watergate.

El actual y fundado descontento ciudadano para con su clase política, ha sido la base de lo que se dio en llamar movimiento de “los indignados”.

Domeñados los medios de información en papel, solo queda la televisión para que el ciudadano se informe. Ya sabemos que la televisión no prohíbe los libros; simplemente los desplaza por la ley de mínimo esfuerzo. Lo que si hace la pequeña pantalla es
anular los conceptos y las ideas. Que atrofia la capacidad de abstracción y anquilosa el entendimiento profundo, llegando a sustituirlo por una visión superficial de la realidad. Sin embargo la capacidad de manipulación informativa o tendenciosa, también alcanza a la televisión. Pero si los ciudadanos queremos actuar como verdaderos ciudadanos, deberemos pensar por nosotros mismos y renunciar a la comodidad que supone aceptar a pies juntillas, el pensamiento del político que nos lanza su mensaje a través de la pequeña pantalla. En este sentido, el movimiento “indignado” fue un buen revulsivo para nuestras conciencias, aunque es verdad que esa fue la única virtud de ese movimiento, pues hasta el momento no ha aportado ninguna propuesta solucionadora; denunciar la anómala situación solo tiene el valor, de sustituir a los medios de información, poniendo de relieve el vergonzoso comportamiento de algunos de ellos, dedicados a publicar dimes y diretes, pero olvidando hurgar en los verdaderos problemas del sistema, cuando en el fondo no se trata más que mantener y sostener por encima de todo, la legalidad y la igualdad. Es decir, velar para que todos seamos iguales ante la ley. 

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