viernes, 24 de abril de 2015

Diario de a bordo

 
“Yo pongo las dos manos en el fuego por Chaves y por Griñán”

Era en el mes de enero, cuando pudimos ver una entrevista televisiva con el dicharachero, José Bono, quien en su día siendo presidente de Castilla La Mancha (1983-2004), la emprendió con el entonces ministro de Obras Públicas, José Borrell, el cual planeaba trazar una autopista por la zona protegida denominada las “Hoces del río Cabriel”; ante ello Bono declaró serenamente: “Antes pasará un camello por el ojo de una aguja, que la autopista por las hoces del Cabriel”. Y tal como dijo se cumplió. De manera que Bono y al margen de otras consideraciones, es persona contundente que además, no se arruga fácilmente.

Pero vayamos a la entrevista, donde en un tono desafiante dijo: “No es que yo ponga la mano en fuego, sino que pongo las dos manos en el fuego, por Chaves y por Griñán. Y no me quemo”, para después asegurar que los conoce bien, que conoce sus casas, a sus familias y que era poco menos que imposible que se hubieran llevado un solo euro de los ERE a su casa.

Lo cierto y verdad, es que si repasamos la hemeroteca, veremos que nunca se ha dicho que ellos se hayan llevado dinero de los parados a su casa, si acaso, lo que dice la jueza Alaya en su auto, es que propiciaron un sistema para el reparto de fondos de los ERE, que permitía defraudar, pero además dice otra cosa, cuando considera que “necesariamente”, tenían que conocer el delito que durante tantos años se estaba cometiendo en la administración que estaban gobernando.

Ante esta última cuestión, Bono alegó que cómo podían saberlo, si esa administración tiene 250.000 funcionarios?  No nos vacile señor Bono, que Chaves y Griñán, se presentaron voluntariamente para presidir la Junta de Andalucía, y presidir la Junta significa controlar esa administración, siendo ellos los máximos responsables, es decir, gestionar correctamente los impuestos de los contribuyentes andaluces para tener eficacia en resolver sus problemas generales, pero siempre dentro de la ley.

Y si resulta que se estaban mangando 850 millones de los fondos para parados y ellos no se enteraron, pues muy mal, porque demuestra bien a las claras, que ni uno ni el otro, estaban por lo que tenían que estar y no se estaban ganando el buen sueldo que entre todos les pagamos. Por tanto en ese caso, lo menos que podrían hacer, es tener la decencia de devolver el sueldo.
En cambio, si sabían lo que estaba ocurriendo y no hicieron nada por evitarlo -la tesis de Alaya-, pues sería peor, mucho peor.
Y pudiendo ser cierto que ambos no se llevaron un euro a casa, si pudieron comprar voluntades con ese reparto -como dice sospechar Alaya-, luego si ello se pudiera probar, la juez les podría acusar tranquilamente de por lo menos, un delito de prevaricación, casi unido a otro de malversación de caudales públicos.

De momento Chaves y Griñan, dos ex presidentes de la Junta de Andalucía, están imputados por el Tribunal Supremo, ante el que han declarado, no saber nada de nada, sobre el caso de los ERE fraudulentos. Es curioso como los dos al unísono, han descargado la culpa sobre sus subordinados; de cometerse alguna irregularidad, dicen, la tuvieron que cometer sus subordinados por su cuenta y riesgo.

Ante ello al ex interventor de la Junta –también imputado por Alaya- le faltó tiempo para ser entrevistado en una cadena de radio, desde donde cargó toda la responsabilidad sobre los dos ex presidentes y pidiendo casi por favor, que se le permitiera comparecer ante el mismo juez del Supremo que han comparecido Chaves y Griñán, para contar su versión, haciendo valer que nada menos que en trece ocasiones, les entregó a ciertos altos cargos de la Junta, unos escritos de reparos avisando de que el sistema empleado para la adjudicación de los fondos, no era correcto. Se ha dicho también por parte de algunos, que en vez de informes de “reparos”, tenía que haber hecho un informe de “actuación”, motivo por el cual la juez le imputa.
Cierto, que si lo reglamentado, es que ante un caso de grave incumplimiento por parte de las autoridades en algún sentido, se debe presentar este tipo de informe, pues parece que el ex interventor haya mirado para otra parte, aunque con sus trece informes de “reparos”, haya avisado sobre lo que él creía, eran graves irregularidades. Y bien podría entenderse, que con ello pretendía cubrirse legalmente las espaldas “por si acaso”.

Entiendo que el presidente de la Junta, es legalmente hablando, el representante del Estado en la región y si el Estado nos pone radares en las carreteras para controlar la velocidad de nuestros vehículos, el presidente de la Junta debe poner controles en la Junta, para que tal cantidad de dinero no sufra desvíos ilegales; en todo caso, el primer responsable es él.
Ignoro cómo acabará este caso, pero si los dos ex presidentes hicieron dejación de sus funciones in vigilando y como consecuencia de ello, se han visto entregados incorrectamente, los 850 millones, luego sí parece que estos dos presidentes, deben tener una responsabilidad penal y económica.

Si ahora como parece, ambos dimiten de sus cargos de diputado y senador, ya que al partido le conviene para conseguir la gobernabilidad de la Junta, dejarían de ser aforados, con lo cual podrían ser imputados y llamados a declarar por la juez Alaya, posiblemente sería un futuro judicial más duro que el del Tribunal Supremo, así que no sé qué hará ahora Bono, si el fuego del que habla se le acerca a las dos manos.

Mijail

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