lunes, 20 de abril de 2015

Diario de a bordo













Amnistía Cañí 

Si es que en este país para todo somos diferentes. Desde el gobierno de Felipe González hasta hoy, todos los gobiernos –Aznar, Zapatero- han hecho su “amnistía fiscal” de rigor.
Algunos protestaron desde la oposición minoritaria pero los demás siguieron mirando para otro lado tan ricamente. Los amnistiados muy contentos, repatriaban fondos pagando muy poco -comparado con el IRPF que pagamos los currantes-  mientras se repetían a sí mismos aquello de “aquí paz y después gloria”.

Lógicamente, ahora le ha tocado hacer la amnistía fiscal al gobierno de Rajoy, pero la crisis aprieta y los ciudadanos no son ahora tan condescendientes como eran años atrás. Ahora, al sentirse apretados por la crisis, se han vuelto más exigentes con los gobiernos, o se han concienciado de que son ciudadanos y que por tanto, uno de sus derechos es precisamente controlar al gobierno.

Si tuviera que definir que es una amnistía fiscal, o mejor dicho para qué sirve, diría que sirve como todas las anteriores, para beneficiar a quienes “no casualmente” tienen su dinero escondido en paraísos fiscales, motivo sobrado para hacerme dudar de su limpia procedencia.

El gobierno de Rajoy anunció una amnistía fiscal para “repatriar fondos que estaban en el extranjero”,
-Real Decreto Ley 12/2012 de 30 de marzo- pero avisando de que esto sólo era una amnistía fiscal pagando un 10% de lo que hubieran tenido que pagar. Aquí el dato era importante: “sólo es una amnistía fiscal”, punto.
Dice la Ley: “Junto con esta declaración deberá incorporarse la información necesaria que permita identificar los citados bienes y derechos”. Pues ahí vamos.
Que ocurre, pues que de los 31.000 expedientes que solicitaron una amnistía fiscal, Hacienda se da cuenta de que hay unos 705  en los que el importe repatriado es muy importante y pasa este dato a instancias policiales y judiciales. Entre ellos está el ex vicepresidente Rodrigo Rato, quien fuera un gran personaje en el PP, tanto es así que en su día Aznar pensó en él para sucederle, pero según se dice, cambió de idea cuando le pasaron unos informes secretos sobre Rato.

Cuando Rato llegó a la presidencia de Caja Madrid y según cuenta un colaborador suyo, dijo que pensaba estar en el cargo diez años, embolsándose por ello 50 millones –a 5 por año- y proveerse un buen plan de pensiones. Es decir, la idea no era mejorar la gestión de Caja Madrid, sino que el objetivo era ganar mucho dinero. Y bien pudiera ser que esa y no otra, fuera el ansia que Rato tuvo durante mucho tiempo, la que le hizo acumular un patrimonio que algunos cifran en 27 millones. Sería lo de siempre: la avaricia rompe el saco.

No cabe duda, de que el 20 ó 30% de lo que se ahorran fiscalmente estos repatriadores de fondos
-de los 31.000 expedientes- lo pagamos entre todos, por tanto, claro que debería hacerse pública la lista de los 705 investigados, pero ¿Y por qué no el resto de los 30.000 expedientes? ¿Y Por qué no se investigan todos, para saber fiscalmente “de donde sale el dinero”?

No me puedo quitar de la cabeza, que una amnistía fiscal no es sino una gran injusticia, que transparenta una gran desigualdad, revestida de legalidad.

El resumen de todo, podría ser, el gobierno de Rajoy hace una amnistía fiscal cañí: primero te amnistío fiscalmente y luego te investigo penalmente; pero sólo a algunos. La Fiscalía acusa a Rato de tres delitos que suman 15 años de cárcel.
Claro que el resto de los 30.000 expedientes estarán ahora con la camiseta que no les llega al cuerpo, pero creo que todo acabará condenando penalmente a algunos por temas de imagen política, cuando el resto seguirá con la misma injusticia de siempre: “aquí paz y después gloria”.


Mijail

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