miércoles, 21 de mayo de 2014
El Confidente
El agujero del Puerto de El
Musel
En 2005 la Autoridad Portuaria de Gijón, previa autorización
del Ministerio de Fomento (con Magdalena Álvarez al frente), adjudica la
ampliación del Puerto de El Musel por 499 millones (sin IVA). El ganador de la
adjudicación es una UTE formada por Dragados (ACS), FCC, SATO (Villar Mir) y
Alvargonzález (empresa local). La Unión Europea se comprometió a aportar el 43%
del total, es decir 249 millones.
En 2007 el Puerto modifica el presupuesto y anuncia un
aumento de precio de 216 millones. La UE se niega a financiar esta modificación,
al considerar que no es de ningún modo, una segunda fase del proyecto inicial,
sino una ampliación de presupuesto sobre el mismo proyecto.
En 2008 un eurodiputado vasco denuncia la modificación en la
Oficina Europea Antifraude de Bruselas (OLAF).
En 2011, José Blanco, en ese momento ministro de Fomento,
liquida la obra en 623 millones (92 millones menos de los 715 presupuestados en
total) e inaugura la remodelación del Puerto.
En 2013, la UTE de constructoras demanda a la Autoridad
Portuaria ante los tribunales de justicia, porque considera que deben cobrar
354 millones más.
En 2014, y por tanto 6 años después de ser efectuada la
denuncia, la OLAF pide a la Comisión Europea que recupere los 198 millones que
ha entregado ya para el Puerto, y no abone los 49,5 millones que están
pendientes de entrega. El motivo según el diario El Mundo, es el informe
emitido por la OLAF, que ha provocado la apertura de diligencias por parte de
la Fiscalía Anticorrupción:
“El informe advierte de una seria sospecha de irregularidad, incluso un
posible fraude y/o corrupción en el proceso de contratación pública y en la
adjudicación del contrato del proyecto. El informe concluye diciendo que podría
haber malversación de fondos y fraude a los intereses financieros de la UE”.
“La OLAF concluye que «los elementos y
las informaciones obtenidas durante la investigación indican claramente que se
han cometido graves irregularidades”.
Ante todo ello, la Comisión Europea ha enviado un escrito al
Ministerio de Hacienda, preguntando si España piensa devolver la totalidad de
las ayudas europeas percibidas para la ampliación del puerto de El Musel, que
ascienden a 198 millones de euros.
La Comisión Europea ve pocas posibilidades de llegar a un
acuerdo con las autoridades españolas y considera que tendrá que recurrir a una corrección
financiera unilateral para recuperar los 198 millones.
Según el informe de la OLAF, el mayor coste que dice haber
tenido El Puerto en la ampliación, es la consecución de bloques de piedra para
construir el espigón unido al cabo Torres (donde bate con más fuerza el
Cantábrico). La OLAF dice que resulta
incomprensible que el Puerto asumiese un sobrecoste de 247 millones, invocando
el aumento del precio de los materiales (bloques de piedra), cuando la UTE
había firmado un contrato para obtener gratuitamente (desechos de extracción)
en una cantera a 4 km del Puerto, 24 millones de toneladas de piedra (de los 32),
que vienen a ser el 75% del total; sólo se pagaron 7,7 millones en concepto de
gastos de transporte.
El 25% de las piedras restantes, se suministraron a partir
de la cantera Aboño de León, a 44 euros metro cúbico, un precio seis veces
superior al que se había convenido en el presupuesto (8 millones de TM a 7,3
euros/m/3).
En definitiva puede ocurrir, que España tenga que devolver
los 198 millones de la ayuda a la UE, pero el sobrecoste alguien lo ha cobrado.
Es decir, los ciudadanos directa o indirectamente, tendremos que pagar los
sobrecostes, que alguien presuntamente se ha embolsado ilegalmente a través de
la ejecución de una obra, que dicho sea de paso, no tiene demasiada utilidad.
En cualquier caso, la
relación entre el elevado coste de una obra y su escasa utilidad, nos puede llegar
a sonar a algo que conozcamos. Es como para pensarlo detenidamente.
Etiquetas: eagujdpuerdmusl
# entrada de Redaccio : 8:08
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