martes, 21 de enero de 2014

Diario de a bordo


¿Quién conspira contra quién?
El Juez Castro ha imputado por segunda vez a la infanta Cristina de Borbón, en relación con el expediente del caso Nóos. Por segunda vez la Fiscalía  -los fiscales están sometidos a las órdenes del Fiscal General-, se opone sibilinamente mediante un escrito, a que la infanta declare ante el juez. Y eso sabiendo que una imputación no es una acusación  -que efectivamente podría venir después-, sino que es meramente, un recabar información y donde la persona imputada puede mentir, sin que ello suponga ningún comportamiento ilícito. Sería delictiva la mentira, si se diera habiendo sido citada como testigo.

Por tanto, parece que la infanta esté bien defendida, pues tiene el mejor de los abogados: la Fiscalía.
Los argumentos que emplea el Juez Castro en su auto de 227 páginas, razonando la comparecencia de la infanta parecen muy sólidos, pero ello no obsta para que a cierto sector institucional se le vea el plumero en defensa de la infanta, dando por buena la idea, de que en el fondo parecen defender, los privilegios feudales de la Realeza.

Respecto al auto del Juez Castro  -que me parece un juez honrado y serio-, se está intentado tejer una tela de araña con hilos de dudas sobre su trabajo. En el escrito del fiscal, se nos presenta la citación como una conspiración en toda regla contra la infanta. Y lo más grave, no presentó recurso en plazo, quizás temiendo que la Audiencia se lo tumbaría. En cambio si presentó a posteriori, un escrito; quizás intentando pintar difusamente la citación a la infanta, como una cierta forma de ataque republicanista a la monarquía.

El reproche “ético” y seguramente no técnicamente jurídico, que lanza la Fiscalía sobre el Juez Castro, parece mostrar una cierta teoría conspiranoica; ya sólo falta que digan de él, que desde que tenía 3 años de edad, ha sido siempre un firme defensor de la República y que por tanto, al no ser imparcial ante el caso, debe ser apartado del mismo. Claro que habría que recordar, cuando en enero de 2013, Carlos García Revenga, secretario de las infantas ya declaraba anticipándose a todo: “Van a por la infanta Cristina”.

Por demás, cualquiera que se mire el auto del Juez Castro, verá que motivos para citar a declarar a la infanta los hay sobrados. Otra cosa es, que nos quieran vender la moto sin ruedas.

Yo creo, que en todo este lamentable caso, si ha habido alguna conspiración, ha sido por parte de algunas personas, pero para muñir parte del presupuesto público hacia su propia casa. Este es el reproche que le hace la opinión pública a componentes de la familia Real. Y por ello el rey ha perdido mucho apoyo popular según reflejan algunas encuestas.
Creo que en el fondo, este reproche “muñidor de dinero público” es lo que está obligado a esclarecer la Fiscalía, si esta piensa cumplir realmente con su obligación de defender lo público.  Y si no puede hacerlo por motivos “de compromiso político” debería ser lo suficientemente valiente como para reconocer que se debe a intereses espurios. Un comportamiento este, que ya les está criticando no sólo gran parte de la opinión pública española, sino que incluso figura en una recomendación europea hecha pública hace poco por el Consejo de Europa; “La Fiscalía española debería ser independiente”.

En cualquier forma, queda fuera de lo admisible, que habiendo una Constitución que regula la convivencia, cuando a la familia Real no le conviene, pretenda apartarla de sí, para hacer uso de antiguos privilegios feudales. 

Mijail 

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