viernes, 22 de noviembre de 2013

El Confidente


Plan de reforma local

La crisis golpea a todos, el nuevo Plan de Estabilidad obligará a Autonomías y Ayuntamientos, a subir de nuevo impuestos y tasas por un importe total de 4.340 millones de euros, en los próximos dos años.
También traspasa numerosas competencias desde los ayuntamientos a las comunidades autónomas, extremo este muy criticado desde las CCAA por falta de recursos, cuando además de ello, estas habrán de recortar otros 8.000 millones en los dos años venideros.

Yendo a los datos y para tener una referencia, diremos que en 2012, del total de los 8.330 millones de euros que gastaron las CCAA, la mayor partida correspondía a Servicios Sociales, con 5.118 millones, en Educación con 2.410 y en Sanidad con 802.

Por parte de los ayuntamientos, habrán de hacer un nuevo plan de recortes, al tener que rebajar gasto por 8.000 millones entre 2014 y 2019, siendo en el año 2015 donde más se recorta.

Uno de los sectores más afectados será el de los Servicios Sociales, lo cual puede comportar la desaparición de gran número de ayudas y por tanto, la desatención de millones de personas.

Desde la Asociación Estatal de Directores en Servicios Sociales, han hecho un recuento de usuarios, por lo que alertan de que aplicando esta reforma, se pueden quedar unos siete millones de ciudadanos, que hoy ya están en situación de vulnerabilidad, aún más desatendidos si cabe.
Lo más castigado sería el medio rural que se vería completamente abandonado. Según esta asociación, la reforma plantea extraer los Servicios Sociales de las competencias municipales, para que pasen a formar parte de los deberes de las CCAA.

Todo ello llega en un momento en el que tenemos un riesgo de pobreza o exclusión social que llega ya al 28% de la población.

No se sabe aún, como se haría para transferir a las CCAA las residencias geriátricas, que pueden verse obligadas a cerrar, dada la imposibilidad que tendrán de asumirlas a causa del déficit presupuestario. Nos estamos refiriendo a más de 30.000 plazas que están ocupadas actualmente.
Por último queda por ver, que pasará con las 60.000 personas que trabajan en servicios sociales; puede que sólo les quede dos salidas, o pasar a otra administración con movilidad geográfica incluida, o engrosar las listas del desempleo, al haber quedado amortizado su puesto de trabajo.
Desde el Gobierno se nos dice que la crisis comienza a remitir. En todo caso, es una apreciación que los ciudadanos de momento ni vemos, ni experimentamos; la tasa de paro así lo demuestra. Después de ver como la opción laboral dependiente del ladrillo está quebrada por muchos años, o hablando en plata, están sobrando y sobrarán muchos inmuebles. ¿A qué está esperando el Gobierno para potenciar la opción laboral industrial?  

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