jueves, 15 de marzo de 2012
El Confidente
Sospechamos que existen algunos presos ricos
El caso “Invercaria”, empresa pública de la Junta de Andalucía, ha añadido un elemento más al ya complejo panorama electoral andaluz. El caso de los “EREs falsos”, se suma al 31% de tasa de paro en la región y a las sospechas sobre el caso de las subvenciones que dio Chaves, a la empresa donde trabajaba su hija. Todo estos elementos configuran inevitablemente, un panorama decepcionante para los ciudadanos; un escenario donde parece quedar patente, un presunto abuso de poder y corruptela institucional.
Griñán se puede desgañitar defendiendo la honorabilidad de su partido en los mítines, pero si como confirman las encuestas, su partido pierde la mayoría en Sevilla, centro neurálgico del régimen andaluz, el pronóstico final puede ser bastante desfavorable.
Laura Gómiz , ex presidenta de Invercaria acaba de declarar en un juicio laboral interpuesto por un empleado despedido. Cristóbal Cantos que así se llama el demandante, grabó las órdenes que su superiora, Gómiz, le daba por teléfono, grabaciones que presentó como prueba para acreditar que fue despedido en represalia por negarse a confeccionar informes falsos.
Según una trascripción publicada, Gómiz le dice a Cantos: “Si me comprometiera con la ética no estaría trabajando en esta organización”; “Es que no había procedimiento. Tú has estado trabajando sin procedimiento” y “Saben perfectamente [en alusión a los miembros del consejo de administración de la empresa] qué es lo que hay aquí; qué informes no hay, qué informes faltan”.
La ex presidenta declaró en el juicio laboral, que reconocía su voz en las grabaciones pero negó el sentido de sus palabras: “La voz es mía, pero no son mis pensamientos”. Algo que parece incomprensible, porque la Justicia no puede juzgar pensamientos, sino hechos, y si ella reconoce la voz también reconoce implícitamente lo que dice, es decir los hechos.
Añadió que estas grabaciones no guardan relación con el procedimiento y que vulneraban sus derechos fundamentales “al honor y a la intimidad”.
Estas excusas tan absurdas me recuerdan mucho las que daban en su día Luis Roldán o José Maria Sala. La opinión pública, o lo que es lo mismo, el juicio mediático no les creyó; los jueces tampoco. La misma condición parece perfilarse ahora; el Juez, Pablo Surroca, ha admitido las grabaciones como prueba a pesar de la protesta que planteó la defensa. El Juez entiende que son pertinentes en el ámbito laboral y además no vulneran ningún derecho fundamental. Pero hay más, el Fiscal pidió también admitirlas como prueba y anunció, que cuando se conozca la sentencia, las puede remitir al Juzgado que lleva el caso Invercaria.
Invercaria juntamente con el caso de los EREs falsos, son presuntamente un entramado de corrupción institucional (uno más), que ha salido a la luz. Estamos ante el seguimiento jurídico de unas irregularidades, que pueden acabar en una condena. Sin embargo la condena, ya sea de uno o cien corruptos, carece de toda utilidad ciudadana, si no se les obliga a devolver el dinero robado o defraudado. Como sea que el año pasado ya se modificó la Constitución en un santiamén, pues igual se podría modificar para reformar este apartado o según un catedrático de Derecho Constitucional, simplemente cambiando los artículos 36, 74, 76 del Código Penal. Si esto tuviera lugar, pues simplemente, sentencia con cumplimiento de pena y posterior puesta en libertad si devuelve el dinero. Este simple cambio legal borraría de nuestro país en gran manera, la vergonzosa corrupción.
La sospecha ciudadana sobre que algunos, son presos ricos, está muy extendida y seguramente es una de las causas de descrédito, que pesan sobre nuestra Administración de Justicia.
Griñán se puede desgañitar defendiendo la honorabilidad de su partido en los mítines, pero si como confirman las encuestas, su partido pierde la mayoría en Sevilla, centro neurálgico del régimen andaluz, el pronóstico final puede ser bastante desfavorable.
Laura Gómiz , ex presidenta de Invercaria acaba de declarar en un juicio laboral interpuesto por un empleado despedido. Cristóbal Cantos que así se llama el demandante, grabó las órdenes que su superiora, Gómiz, le daba por teléfono, grabaciones que presentó como prueba para acreditar que fue despedido en represalia por negarse a confeccionar informes falsos.
Según una trascripción publicada, Gómiz le dice a Cantos: “Si me comprometiera con la ética no estaría trabajando en esta organización”; “Es que no había procedimiento. Tú has estado trabajando sin procedimiento” y “Saben perfectamente [en alusión a los miembros del consejo de administración de la empresa] qué es lo que hay aquí; qué informes no hay, qué informes faltan”.
La ex presidenta declaró en el juicio laboral, que reconocía su voz en las grabaciones pero negó el sentido de sus palabras: “La voz es mía, pero no son mis pensamientos”. Algo que parece incomprensible, porque la Justicia no puede juzgar pensamientos, sino hechos, y si ella reconoce la voz también reconoce implícitamente lo que dice, es decir los hechos.
Añadió que estas grabaciones no guardan relación con el procedimiento y que vulneraban sus derechos fundamentales “al honor y a la intimidad”.
Estas excusas tan absurdas me recuerdan mucho las que daban en su día Luis Roldán o José Maria Sala. La opinión pública, o lo que es lo mismo, el juicio mediático no les creyó; los jueces tampoco. La misma condición parece perfilarse ahora; el Juez, Pablo Surroca, ha admitido las grabaciones como prueba a pesar de la protesta que planteó la defensa. El Juez entiende que son pertinentes en el ámbito laboral y además no vulneran ningún derecho fundamental. Pero hay más, el Fiscal pidió también admitirlas como prueba y anunció, que cuando se conozca la sentencia, las puede remitir al Juzgado que lleva el caso Invercaria.
Invercaria juntamente con el caso de los EREs falsos, son presuntamente un entramado de corrupción institucional (uno más), que ha salido a la luz. Estamos ante el seguimiento jurídico de unas irregularidades, que pueden acabar en una condena. Sin embargo la condena, ya sea de uno o cien corruptos, carece de toda utilidad ciudadana, si no se les obliga a devolver el dinero robado o defraudado. Como sea que el año pasado ya se modificó la Constitución en un santiamén, pues igual se podría modificar para reformar este apartado o según un catedrático de Derecho Constitucional, simplemente cambiando los artículos 36, 74, 76 del Código Penal. Si esto tuviera lugar, pues simplemente, sentencia con cumplimiento de pena y posterior puesta en libertad si devuelve el dinero. Este simple cambio legal borraría de nuestro país en gran manera, la vergonzosa corrupción.
La sospecha ciudadana sobre que algunos, son presos ricos, está muy extendida y seguramente es una de las causas de descrédito, que pesan sobre nuestra Administración de Justicia.
Etiquetas: sospechexisalprris
# entrada de Redaccio : 7:45
Suscribirse a Entradas [Atom]