miércoles, 7 de diciembre de 2011

El Confidente



Cuestión de Transparencia

Transparency International (TI) es una organización alemana en forma de ONG, que a través de amplias encuestas, mide el nivel de transparencia y el de corrupción, percibida por los ciudadanos en el sector público de los diferentes países. En una relación de 183 países y considerando una escala de 0 para el muy corrupto, hasta 10 para el menos corrupto y más transparente, aparece para el 2011 como el país más transparente y menos corrupto Nueva Zelanda con 9,5 puntos, seguido de Dinamarca con 9,6. España queda en el puesto 31, con una puntuación de 6,2, pero es que por delante nuestro, tenemos entre otros a Singapur, Hong Kong, Barbados, Irlanda, Bahamas, Chile, Qatar, Uruguay, Emiratos Árabes, Estonia y Chipre. Quizás deberíamos reflexionar sobre ello.

No parece que nuestra posición dentro del ranking sea como para estar muy satisfechos, sino que más bien parece un reflejo, de la situación en la que se encuentra hoy nuestro país.
El informe de TI, hace una referencia global en cuestión de transparencia, llegando a apuntar que la corrupción continúa afectando a demasiados países en todo el mundo y que este año han visto denuncias públicas contra la corrupción, tanto en Europa con los indignados, como en África con la primavera árabe, unos hechos que consideran deberán hacer reflexionar a los gobernantes.

El informe de TI, se fija en Túnez, valorando las peticiones de transparencia que tuvieron lugar en la primavera árabe, instando a luchar contra el nepotismo, el soborno y el clientelismo.
Alguien debería avisar a esta ONG alemana, de que no hace falta ir tan lejos para hacer estas valoraciones; si se hubieran fijado en nuestro país, se hubieran encontrado con un panorama muy parecido, sólo que dentro de un entorno democrático. Si hubieran puesto el foco sobre España, hubieran visto el caso Malaya, el de Matas en Baleares, el de Santa Coloma, el del Gurtel, el caso Blanco, ahora el caso Urdangarín con la infanta y tantos asuntos altamente sospechosos, en demasiados ayuntamientos, comunidades autónomas, e incluso miembros del gobierno. En general, cuando desde el sector público se adjudica un contrato (que puede ser de grandes cifras) sin la transparencia debida, se está cayendo automáticamente en la legítima sospecha ciudadana, porque está claro, que la no transparencia puede alimentar un estado de cosas corrupto y ya sabemos, que la corrupción la acabamos pagando siempre los ciudadanos con nuestros impuestos.

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