martes, 29 de marzo de 2011

El Confidente



Una reducción de velocidad que apunta a un aumento de recaudación encubierta

El primer lunes de este mes dio comienzo en España la reducción de velocidad máxima a 110 km/h, cuando en autovías y autopistas el límite estaba en 120 km.

La razón esgrimida por el Gobierno Zapatero es que con tal reajuste “se conseguirá un ahorro energético”. No obstante, es esa una medida no fundamentada en memoria justificativa alguna, es decir, tomada sin informe técnico alguno, sino basada en la fe, que según el Gobierno pretende debemos tener en su palabra.

La plataforma “Movimiento 140” declaró sobre este medida, entender como uno de los principales efectos a conseguir, precisamente el incremento de la recaudación por multas.

“Movimiento 140”, alerta de la crispación que provoca en los conductores, la codicia recaudatoria de una Administración que en sólo seis años ha multiplicado por cuatro sus ingresos por este concepto”

El director general de DGT, Pere Navarro, declaró que “colocar un radar en una carretera secundaria no es rentable”. Es decir, que parecen haber cambiado el criterio, según el cual se aconsejaba instalar un radar (aunque fuera temporal) por criterios de aumentar la seguridad en la vía, ahora parece que el criterio es puramente de rentabilidad o de recaudación.

Según “Movimiento 140”, estima que sólo en el primer año, el Estado recaudará entre 20 y 30 millones de euros más por multas, en aplicación de esta medida.

Desde siempre hemos sabido que la mayor fuente de contaminación, con el mayor consumo de carburante viene del sector aeronáutico y no nos consta, de que el decreto contemple una reducción de velocidad en 10 km/h para los aviones que transitan sobre nuestras rutas aéreas. Porque parece, que esto también supondría un ahorro energético? ¿Cómo es posible, que a nuestro Gobierno se le haya escapado este detalle? Quizás todo se fundamente en aquel principio no escrito, según el cual, lo más fácil (como siempre) es multar al más débil, es decir, al sufrido conductor, quien a la postre, paga y calla.

La plataforma está recogiendo firmas en contra de esta medida, pidiendo que el límite de velocidad sea homologado con otros países europeos.

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