NOTICIES DE LLEIDA

Hay que recordar que hasta la Constitución de 1812, que es lo mismo que decir, con el Estado absolutista, los oficios públicos se vendían a cambio de una dádiva o impuesto, que contribuía a la financiación del Estado. Es decir los funcionarios, ya sean jueces, alguaciles, escribanos, mayordomos, jardineros, etc, todos eran elegidos por el monarca o su representante, no por su talento ni por sus conocimientos, sino por la generosidad de su dádiva. De lo que nadie puede dudar, es de que este procedimiento favorecía la corrupción, pues el funcionario que había pagado su impuesto por empleo, intentaba recuperar su inversión con creces, ello condujo a instaurar una administración carente de toda ética y que no estaba al servicio de los ciudadanos, sino que sólo estaba al servicio de su señor al propio tiempo que procuraba llenar su bolsillo.

Es a partir de 1812, cuando quedó prohibida la venta de oficios públicos y comenzó la Administración profesional, con funcionarios independientes (al menos esa era la idea), sin vinculación de favor con el poder, para evitar precisamente su instrumentalización política. Unos funcionarios que eran en teoría, algo así como los garantes de un igualitario trato administrativo, de la igualdad de oportunidades, del acatamiento a las normas administrativas y de la libertad económica; no olvidemos que esta Constitución se redacta en un estado burgués y liberal. Es en definitiva, como piensa la burguesía que mejor se van a defender sus intereses, desde una profesionalización del funcionariado; sin ventajas para nadie.

Este concepto persiste pero algunas veces se va degradando por el camino y precisa ser corregido; ahora la prevaricación, el nepotismo y el cohecho, son figuras perseguidas por nuestro código de justicia, si ello se denuncia y llega a demostrarse.

De vez en cuando, siempre sale alguien que haciendo gala de su ignorancia, se molesta en explicarnos que no sabe nada de historia.
Hace poco el dueño de la firma Mango, hizo unas declaraciones pidiendo que se pudieran despedir a los funcionarios públicos. En otras palabras, que sea el poder como en el siglo XVI, cuando la función publica formaba parte de la voluntad del gobernante de turno. El dueño de Mango, por lo visto es incapaz de imaginar: que los mismos funcionarios que hay ahora habría entonces, porque cada vez que cambiara el gobierno, este echaría a todos los funcionarios y pondría a los suyos, por tanto de ahorro poco, pero es que además, podríamos entrar en una rueda de ineficacia y corrupción instituidas, que tendríamos que pagar entre todos. Para poner un ejemplo, se podrían despedir a los jueces a cada cambio de gobierno y cambiarlos por otros nuevos, lo cual mermaría aún más la calidad de la justicia.

El dueño de Mango podía decir las cosas por su nombre; aquí hay mucho funcionario eventual, nombrado a dedo por el gobernante de turno; lo cual prueba que si se pudieran despedir funcionarios, despediría a todos para poner a los suyos. Se da el caso de cierto alcalde (por poner un ejemplo), que después de colocar como eventuales a 400 personas amigas, tuvo la caradura de comentar, que le sobraba un 20% de personal en el ayuntamiento. Es de suponer en buena lógica, que quienes le sobraban eran los que él no había colocado. El dilema está, en decidir si se quiere una Administración al servicio de los ciudadanos, o por el contrario se prefiere una Administración al servicio del gobernante?
Y claro que se pueden comentar estas cosas desde un cierto puesto de relevancia y frente a un micrófono, pero si con ello se tiene algún temor a incomodar al poder, pues mire, mejor callarse. No olvide el dueño de Mango, que la mitad del funcionariado en España son mujeres y pueden dejar de comprar la ropa de su marca.