miércoles, 20 de octubre de 2010

El Confidente



Otra subida de impuestos en tiempos de crisis: catastrazo a la vista

Así se desprende del programa de Gestión del Catastro Inmobiliario del Ministerio de Economía y Hacienda, contenido en los Presupuestos Generales del Estado para 2011, donde se dice que uno de los objetivos para el ejercicio será: “Determinar el valor catastral y su notificación para el año 2011, que en este caso corresponden a 4.200.000 inmuebles urbanos”. O dicho en román paladino, un aumento del valor catastral de nuestras viviendas.
Históricamente, la notificación que hace el Ministerio de Economía y Hacienda, es lo que constituye la base imponible que toman como referencia los ayuntamientos para fijar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, IBI, que sustituyó al antiguo impuesto de Contribución Urbana y que ahora es un impuesto que pasa directamente a las arcas municipales. El Estado fija un valor catastral para cada inmueble atendiendo a una serie de parámetros y los ayuntamientos aprueban un coeficiente por el que multiplicar este valor catastral; el resultado no es otro que determinar el impuesto que debemos pagar cada año. Un método al que suelen recurrir los ayuntamientos para tratar de disimular su voracidad impositiva, es fraccionar esta subida en diez años. Pero a pesar del disimulo, mucho nos tememos, que las familias tendrán que soportar otro incremento de impuestos, puesto que la recaudación municipal por IBI se ha convertido en un gran pilar de las finanzas municipales.

Creemos que los ayuntamientos subirán otra vez el IBI para compensar el pinchazo inmobiliario; veamos en que nos basamos: en 2007 (antes de la crisis), el 54% de los ingresos municipales procedía del ladrillo. Existe otro indicador todavía más contundente; la recaudación municipal por IBI, ha subido una media del 22,8% en los tres últimos años.

La deuda municipal alcanza ya el 3,4% del PIB, además, para acabar de agravar la situación, los ayuntamientos tienen en este momento, la obligación de devolver al Gobierno central, parte de los anticipos que recibieron a cuenta en los ingresos fiscales estatales del 2008 (cuando todavía gastaban con gran alegría) y que ascienden a la friolera, de 1.500 millones de euros.

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