jueves, 7 de octubre de 2010

El Confidente

Manuel Chaves, vicepresidente tercero del Gobierno, citado a declarar por el TSJA en el caso Matsa

Era abril de 2009, cuando llegó a la opinión pública, el asunto de una subvención de 10,1 millones de euros (1.663 millones de pesetas), otorgada por la Junta de Andalucía en febrero del mismo año, a la empresa MATSA (Minas de Aguas Teñidas SA), ubicada en Huelva, siendo Chaves presidente de la Junta de Andalucía, mientras su propia hija, Paula Chaves, era apoderada de dicha empresa.

Por ello se le pidió explicaciones en el Parlamento, ante lo cual Chaves se defendió muy enfadado diciendo: “Es una información falsa, rotundamente falsa, basada en manipulaciones. Ni mi hija ni yo ocultamos nada, nuestro patrimonio es absolutamente transparente”.

Pero veamos lo que se publicó en los medios: en abril de 2008, el Ministerio de Industria había denegado ayudas equivalentes, a las dadas ahora por la Junta de Andalucía a MATSA, porque el proyecto solicitado estaba ya en funcionamiento.Dice la empresa MATSA, que Paula Chaves está vinculada laboralmente a la firma desde el 2 de julio de 2007, como responsable del departamento jurídico. Se dice que en el Registro Mercantil de Huelva se inscribe en fecha 12 de noviembre de 2008, un apoderamiento a favor de Paula Chaves Iborra, teniendo entre otras atribuciones “comparecer ante cualquier oficina de la Comunidad Autónoma, instar toda clase de expedientes, solicitar, tramitar concesiones y autorizaciones administrativas de todas clases”.
La Junta de Andalucía modificó el 9 de noviembre de 2008, el precepto legal para poder dar subvenciones a proyectos ya iniciados. Fue en 20 de enero de 2009, cuando el Gobierno de la Junta de Andalucía, presidido por Chaves, aprobó y él mismo firmó, una subvención para MATSA, de 10,1 millones de euros.

Según juristas expertos, Chaves tenía que haberse inhibido del conocimiento y decisión de cualquier asunto, que interese a empresa donde figure cualquier persona de su familia, en virtud del artículo 7 de la Ley 3/2005 de Incompatibilidades de Altos Cargos.

Por lo visto, MATSA, teniendo en plantilla 450 empleados, declaró unas ventas de 27.200 euros en 2005, de 19.600 euros en 2006 y de 6.400 euros en 2007; una situación ruinosa si no fuera por las subvenciones recibidas de 15,3 millones de euros desde las Administraciones Autonómica y Central.

Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha admitido el interrogatorio al ahora vicepresidente tercero del Gobierno, tras la demanda del PP cuando era presidente de la Junta, por no inhibirse en la concesión de una ayuda a Matsa, empresa en la que trabaja su hija. Según se dice, en la providencia del alto tribunal consta: "en relación con el interrogatorio del testigo, Manuel Chaves González, se admite y declara pertinente”.


(La firma de Paula Chaves Iborra, aparece y así se ha publicado, en el documento de aceptación de la subvención. En todo caso, la “información” parece que no debía ser tan “falsa” tal y como aseguraba Chaves, cuando ahora el TSJA lo cita a declarar.)


Ley Incompatibilidades 3/2005, Art. 7

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