martes, 21 de abril de 2009

El Confidente

Cuando los molinos no mueven aire limpio, precisamente

Hace poco que saltó a los medios el “caso molinos” (seguramente llamado así, por su parque eólico); la alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, parece estar imputada por nueve supuestos delitos relacionados con la corrupción urbanística. De entre los varios asuntos que se le acusa, hay uno que resalta; se trata de una subvención de 600.000 euros, concedida por el Instituto Aragonés del Agua, para la construcción de un depósito de agua destinado a la urbanización “Urcamusa”, un depósito que no se ha construido y que según se dice, no debe costar más de 100.000 euros.

Dejando aparte, la diferencia de importe, el destino del dinero y la no construcción del proyecto, así como otras acusaciones, aparece un tema que es fundamental para reconducir nuestro sistema institucional; cuando fallan los controles, cualquier democracia se puede convertir en una república bananera donde impera el
“todo vale”.
Lo normal, es que los importes de estas subvenciones se abonen previa presentación de certificaciones de obra ejecutada y aprobadas en el Pleno del Ayuntamiento. ¿Como pudieron cobrarse, los 600.000 euros sin las preceptivas certificaciones de obras? ¿Es que acaso, se certificó mediante falsas certificaciones?

Pero es que las preguntas pueden continuar: ¿Hacía donde miraba la oposición municipal que no vio la irregularidad? ¿Debía saberlo todo, el Secretario General del Ayuntamiento de la Muela? ¿El Instituto Aragonés del Agua, cuando subvenciona con estas cantidades tan importantes, no hace un seguimiento de la obra, o no pide facturas...por qué estos también se han lucido?

Para resumir este apartado del caso molinos, se puede decir que se trata de un caso claro, de no funcionamiento de los sistemas de control establecidos. Lo dicho, si no funcionan los controles, el bananerismo está asegurado. No es descartable, que si la policía investigara en otros ayuntamientos, veríamos que no es este, el único caso de descontrol político/administrativo.
Pero todo y siendo este un caso grave, nos muestra una cuestión de mayor gravedad si cabe: Los ciudadanos con nuestro pasotismo, somos muy responsables de que en la Administración exista este descontrol o este incumplimiento impune de la ley.

Exigir en todo momento, el estricto cumplimiento de la ley en cualquier trámite o funcionamiento de la Administración, debe ser una de las mejores garantías anticorrupción.

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